La Legislatura de Catamarca se consolidó como la más poblada del país en términos de personal. Según el presupuesto 2026, entre ambas Cámaras sumará 3.054 empleados, de los cuales 2.095 corresponden a Diputados y 959 al Senado.
La cifra supera ampliamente a provincias como Buenos Aires, con 1.850 empleados legislativos, y Chaco, con 2.300.
El dato más llamativo es la relación entre legisladores y empleados: en Catamarca hay prácticamente 54 trabajadores por cada legislador, un número que no se replica en ninguna otra jurisdicción.
El crecimiento de la planta de Diputados es el punto más crítico. En 2007, cuando el Frente Cívico y Social dejó la presidencia de la Cámara, había 586 empleados. Hoy, con la misma cantidad de legisladores (41), la cifra se cuadruplicó.
Néstor Tomassi y Marcelo Rivera incorporaron casi 400 empleados cada uno, mientras que Cecilia Guerrero no modificó la cifra y la actual presidenta, Paola Fedeli, redujo en poco más de 40.
El contraste con otras provincias es contundente. En Buenos Aires, con una población de 17,5 millones de habitantes, hay 138 legisladores y 1.850 empleados.
En Catamarca, con apenas 430 mil habitantes, existen 57 legisladores y más de 3.000 empleados.
La relación legislador-habitante también expone la desproporción: la provincia tiene un legislador cada 7.536 habitantes, mientras que Buenos Aires cuenta con uno cada 126.800.
Córdoba, por su parte, registra un legislador cada 54.300 habitantes.
El presupuesto 2026 prevé un gasto total de $70.317 millones para la Legislatura.
De ese monto, $40.848 millones corresponden a Diputados y $29.469 millones al Senado. Si se discrimina por legislador, cada diputado provincial le cuesta al Estado $996 millones anuales, mientras que cada senador demanda $1.841 millones.
La diferencia refleja que, aunque Diputados concentra más empleados, el costo unitario de los senadores es el doble.
El diputado Tiago Puente (Generación del cambio) vinculó el crecimiento de la planta legislativa con la falta de impulso al empleo privado en las gestiones de Lucía Corpacci y Raúl Jalil. “El kirchnerismo colonizó todo a su paso, usando las instituciones como sucursales partidarias. Quien quiere trabajar tiene que rogar por un lugar en el Estado”, afirmó.
La denuncia se inscribe en un contexto de crisis económica y social, donde la expansión del empleo público aparece como una estrategia de contención política.
Sin embargo, la magnitud de los números en Diputados genera cuestionamientos sobre la eficiencia y la racionalidad del gasto.
La Legislatura es el cuarto organismo con más empleados de la provincia, detrás de Educación (13.640), Seguridad (6.371) y Salud (5.579). Incluso supera al Poder Judicial, que cuenta con 2.241 trabajadores.
La desproporción se hace evidente: el Poder Legislativo tiene un 36% más de personal que todo el Poder Judicial, pese a que sus funciones son mucho más acotadas.
El régimen de movilidad vigente permite que los agentes del Poder Legislativo soliciten traslado hacia el Poder Judicial o el Ejecutivo, aunque no existe la posibilidad inversa.
Esto significa que la Legislatura no recibe personal de otros organismos, pero sí puede transferir parte de su planta. Aun así, la reducción prevista para 2026 es mínima: apenas 49 empleados menos respecto de 2024, cuando la planta era de 3.103 agentes.
La disminución marginal no modifica el panorama general de una Legislatura que mantiene su liderazgo nacional en términos de personal.
El relevamiento realizado por la Red Ruido en 2024 y actualizado para el presupuesto 2026 confirma que Catamarca mantiene el primer puesto nacional en cantidad de empleados legislativos.
En ese período, la planta pasó de 3.103 a 3.054 agentes, apenas 49 menos, lo que no altera la tendencia de crecimiento sostenido en las últimas dos décadas.
El informe también destacó que Catamarca tiene una relación de legisladores por habitante 17 veces más alta que la provincia de Buenos Aires, y notablemente superior a Córdoba. Con 2.095 empleados en Diputados y 959 en el Senado, la Legislatura provincial se convirtió en el organismo más cuestionado por su tamaño y por el impacto presupuestario que representa para las arcas públicas. fuente.elancasti