La noche rodeína era calurosa y de una humedad insoportable. Así lo recuerdan quienes estuvieron esas fatídicas horas del 23 de enero del 2014. La villa, situada a tan solo 35 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca suele ser el refugio ideal para quienes buscan aire fresco y huir del infierno capitalino. Sin embargo, esa jornada, el calor no daba tregua en toda la provincia.
Abel Pintos iba a presentarse esa noche ante una multitud, pero una lluvia torrencial que comenzó a la tarde suspendió el ansiado recital. Esa lluvia fue el preámbulo de lo que ocurriría horas más tarde. Un alud arrasó con las poblaciones próximas al cordón del Ambato. En Siján, un hombre de 73 años murió al ser arrastrado por la correntada de barro y piedra, pero el desastre mayúsculo se dio en El Rodeo en donde la crecida del río Ambato provocó destrozos por todo su paso llevándose por delante vehículos, viviendas y personas. Hubo doce muertos y un sinnúmero de heridos. La localidad turística fue declarada en emergencia y tuvo que volver a ser reconstruida.
Revista Express dialogó con tres familiares de las víctimas quienes estuvieron en esa negra jornada y hoy, cuando está por cumplirse una década del trágico alud, esperan una respuesta de la Justicia para poder cerrar ese capítulo doloroso.
Gerónimo Ahumada, actualmente tiene 41 años, y esa tarde estaba en el camping de El Rodeo junto a su pareja Romina y sus hijas de 7 y 5 años. La creciente los sorprendió y le arrebató de sus brazos a las tres. Él también pudo haber perdido la vida, pero fue rescatado milagrosamente kilómetros más adelante tras haber rodado y chocado con piedras. Casi se ahogó.
“Nadie nos fue a advertir. No hubo una alerta. Tendrían que haber monitoreado ya que tuvieron tiempo para avisarnos. Una creciente no se arma en cinco minutos porque de habernos enterado varios podríamos haber estado a varios metros de todo lo que pasó”, reflexionó.
En cuanto a la causa penal sostiene que el “Poder Judicial tiene una deuda con nosotros, los familiares de las víctimas, en cuanto a una respuesta. Diez años es mucho tiempo, puede ser una vida. Agustín Sal –padre de Carolina– se murió esperando que aparezca su hija y hasta murió el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral, quien estuvo imputado en la causa”.
La causa llegó a tener trece imputados. En el 2019, el fiscal Jonathan Felsztyna solicitó el sobreseimiento –luego ratificado por la Corte de Justicia- para once de los sospechosos entre los que se encontraban Brizuela del Moral y otros funcionarios. Hoy sólo siguen como acusados el exintendente Félix Casas Doering y el exdirector de Defensa Civil, Alfredo Saavedra. Para Ahumada, los sobreseimientos en masa significaron un antes y un después en la causa.
“Yo siento que no termino de enterrar a mi familia. Necesito cerrar ese capítulo”.
“Una gravísima falta de conciencia”
Eugenia Castiglione de Sal perdió la fatídica noche del 23 de enero del 2014 a su hija Carolina (cuyo cuerpo nunca fue encontrado), a su madre Dora Josefina de Castiglione y a su hermana María Luisa Castiglione.
Su familia es oriunda de Santiago del Estero, pero desde hace décadas El Rodeo era la cita obligada para las vacaciones. “El Rodeo era nuestro paraíso” dijo Eugenia en una entrevista con La Nación, en el 2019.
Hoy, a diez años del trágico alud entiende que la batalla sigue en el campo judicial, a la espera de que los pedidos de sobreseimientos sean rechazados y el juicio oral pueda hacerse.
“La razón de la demora en la causa judicial siempre ha sido responsabilidad de los fiscales y magistrados del Poder Judicial que se han tomado meses para resolver cada uno de los planteos que hemos hecho desde la querella, mientras que los plazos para nosotros siempre han sido de tres días”, cuestionó.
“A la hora de valorar la prueba siempre hubo una falta de imparcialidad porque se ha tenido en cuenta aquella que los beneficiaba a los imputados pese a los claros reconocimientos del Estado de la responsabilidad de sus funcionarios” dice y comparte una publicación de El Ancasti en la que Juan Negui, quien fue secretario de Recursos Hídricos, meses después del hecho declaró que “el puente había que demolerlo y reconstruirlo”. Negui fue imputado en la causa, pero finalmente fue sobreseído y despegado del expediente.
“Es un reconocimiento de los responsables. Si dicen que el puente del Mástil hay que demolerlo es porque está mal hecho. Por otro lado, después de la tragedia se ha colocado el sistema de alerta temprana que es el que hubiera salvado vidas de haber estado instalado oportunamente, porque desde 1992 le habían sugerido colocar este sistema, además de otras recomendaciones”, expresó.
A las pérdidas de su hija, su madre y su hermana, Eugenia tuvo que soportar la muerte de su esposo, Agustín, el 5 de noviembre del 2020. El hombre fue una de las caras visibles de la lucha familiar a lo largo de los años.
“Advierto una gravísima falta de conciencia tanto de los miembros del Poder Judicial como de los del Poder Ejecutivo que no hacen absolutamente nada para evitar que la tragedia se repita y hemos visto como no se ha activado el sistema de alerta temprana, el 25 de diciembre del 2023”. Ese día una crecida del río Ambato llenó de incertidumbre a los pobladores y los accesos a la localidad fueron cerrados preventivamente. No obstante, se viralizaron las fotos y videos de personas que estaban en cercanías del puente próximo a la comisaría.
“A pesar de todo el maltrato que hemos recibido de parte tanto de miembros del Ejecutivo como del Judicial y todas las violaciones a nuestros derechos constitucionales de defensa en juicio y de debido proceso legal, vamos a seguir luchando por justicia haciendo las presentaciones como las hemos venido haciendo, bien fundadas con prueba contundente, esperando que en algún momento la verdad salga a la luz”, concluyó.
“Tengo la sensación de tener dos vidas”
Sergio Díaz, tiene 54 años, es abogado. En el alud perdió a su esposa María Zulma y a su hija Candelaria. “El proceso judicial tiene una función sanadora, vos canalizás tu enojo en el reclamo, lo racionalizás”, reflexiona.
Hablar de un antes y un después desde ese 23 de enero del 2014 es una obviedad. Es por eso que Díaz prefiere definirlo de la siguiente manera: “Tengo la sensación de tener dos vidas. Yo morí y nací. Construí una línea y en un momento se me cerró un ciclo, y ahora tengo otro ciclo. El punto de conexión soy yo entre esos dos ciclos”.
Se apoyó en la terapia –“para centrarme”– pero también destacó la contención de su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo.
Como familiar de víctima y abogado se involucró completamente en el devenir de la causa judicial que todavía está pendiente de resolución.
“No he bajado los brazos, pero sí tengo una decepción del Estado catamarqueño, y lo atribuyo a los tres poderes. Ninguno nos ha reparado, ninguno ha hecho nada. Nosotros hemos sido víctimas después de un incumplimiento de la función estatal que era proteger a los ciudadanos. Salvo de esa primera reunión con la entonces gobernadora Lucía Corpacci y la familia Castiglione, nunca más nos recibieron. No tuvieron empatía. Lo mismo pasó con el Poder Legislativo. No hubo una política de reparación”.
“El estado no nos cuidó. Entre decidir recomponernos y ponernos a batallar, optamos por reconstruir nuestras vidas sin olvidarnos de lo judicial, ya que no somos responsables nosotros. El que tiene que mover la causa es el fiscal y el juez, no nosotros los querellantes”, cuestionó.
Sergio, conocedor del ámbito tribunalicio, reconoce que el principal escollo es el Poder Judicial. “No ha demostrado voluntad, no tiene ganas de encontrar a los responsables”.
Actualmente, el expediente se encuentra a la espera de la resolución de un planteo de prescripción realizado por la defensa de uno de los acusados. De confirmarse la prescripción, Casas Doering y Saavedra serían sobreseídos y el caso archivado.
“La prescripción por falta de acción judicial debería derogarse. La desidia, la falta del Poder Judicial la soportamos nosotros las víctimas. Si yo hago la denuncia y la causa no se mueve, yo soy el castigado”.
También cuestionó que el Estado sea querellante, es decir, que intervenga como víctima en el proceso. “¿Cómo va a ser querellante el Estado si uno de sus miembros es acusado?” dijo en relación con Saavedra, quien fuera responsable de Defensa Civil cuando ocurrió la tragedia.
“No hay voluntad de resolver la causa completa y esta causa tiene una complejidad técnica legal. Lo que íbamos a discutir es si hubo un caso fortuito o si hubo responsabilidad del Estado por las omisiones que provocaron la tragedia”.
Por último, reflexionó que no hubo un aprendizaje tras lo ocurrido en enero del 2014. “Sigue sin haber una idiosincrasia, hubo un avance social y tecnológico y por eso hoy cada uno toma sus recaudos, se fija en su celular si va a haber tormenta y evita viajar, salir de la casa. Pero no hubo una educación sobre eso”, expresó.
El 23 de enero se cumplirán diez años del trágico alud. Las familias lograron recomponerse, salir adelante y continuar con sus vidas, pero todavía permanece abierta una herida, la provocada por la mora judicial. Ya es tiempo de que sea sanada.
Texto: Pablo Vera
Fotos: Ariel Pacheco
Las víctimas
Agostina Ahumada (5), su hermana Daiana Ahumada (7), Candelaria Díaz Mendibe (7), Darío Álvarez (14), Emiliano Álvarez (26), Romina Silva de Ahumada (30), María Mendibe de Díaz (39), Graciela Contreras de Álvarez (51 años), Adrián Libio Álvarez (54), María Luisa Castiglione (56), Dora de Castiglione (78) y Ana Carolina Sal, de 23 años y cuyo cuerpo jamás fue encontrado.
El intrincado proceso judicial
La causa solamente tiene como imputados a dos personas: Félix Casas Doering, quien fuera intendente de El Rodeo, y el exdirector de Defensa Civil, Alfredo Saavedra. Están imputados por el delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público. Sus abogados pidieron el sobreseimiento por prescripción por el tiempo transcurrido, entienden que la acción penal ya se venció. La causa estaba lista para debate en el Juzgado Correccional N°2. En diciembre del 2022 el juez Diego Chayle Costilla rechazó ese planteo y llegó hasta la Corte de Justicia que hizo lugar a lo solicitado por los abogados. El expediente regresó al Juzgado para que otro juez dicte una nueva resolución. fuente:elancasti