Agregó que “en la audiencia informativa se nos pasó a comentar que la cadena habría estado allí siempre, aparentemente, que se la había encontrado. Estaba del otro lado donde fue fotografiada”, denunció.
“Esto causó tremendo malestar en la familia, porque la casa está bajo custodia de la policía desde el día 4 de diciembre”, expuso el letrado, recordando que “se han realizado un sinnúmero de inspecciones, y que apareciera esta cadena 100 días después de haber informado al Ministerio Público que no aparecía por ningún lado, generó mucha zozobra y sospechas en la familia”, contó.
Teléfonos
“Llevamos 8 meses, hace 8 meses se secuestraron los teléfonos de la familia, de la imputada (Silvina Nieva), que a la fecha todavía, alegando cuestiones de logística y no contar con algunos elementos tecnológicos, siguen sin resultados. Esto viene provocando una situación de cero resultado positivo”, explicó Sarquís.
Además, recordó que “esta es una causa política, una causa penal que está atravesada por una coyuntura política muy intensa” y que “a veces me da la sensación que nos corren el arco, como se dice en la calle”.
“Porque si estoy denunciando a un numerario policial por presunto encubrimiento del homicidio que está investigando, y denuncio que una cadena que no marca, y después desaparece y no aparece en el acta de procedimiento- Y después de los 100 días que la policía tiene la casa de Rojas bajo custodia y aparezca mágicamente esa cadena y una cámara en la escena del crimen, es una situación que en la familia genera una lógica sospecha”.
El jury y el poder
Sarquis valoró que el resultado del enjuiciamiento por mal desempeño del primer fiscal de la causa, Laureano Palacios, dejó una lectura que los desalienta.
“La familia está esperando resultados y lo único que ha recibido que en un jury al fiscal Palacios lo absuelvan y reincorporen después de todo lo que ha pasado y todo lo que hemos visto”, afirmó.
En esa línea agregó que “lo que aparece en el expediente no tiene lógica”, comparando este caso con el Caso Cecilia de Chaco. “Cómo es posible que en Chaco, donde inclusive se destruyeron los celulares, ya se tengan todos las comunicaciones de Whatsapp, el entrecruzamiento de llamadas. Y acá que se está investigando la muerte de un ministro en funciones, de un dirigente gremial de UTGRHA, encontramos en un atolladero técnico donde llevan ocho meses tratando de lograr procesar una información que todavía no logran”. Recalcó que “en Chaco se puede, con nada, y acá con todo no se puede”, por el apoyo de Gendarmería Nacional y los distintos cuerpos investigativos federales.
“¿Qué expectativas puede tener la familia de los resultados de las pericias del celular del jefe de Homicidios que se está haciendo ahora si todavía no están las que se hicieron hace 8 meses en Salta y en el Cuerpo Forense de la Ciudad de Buenos Aires?”, preguntó. Dijo que la familia está “con pocas expectativas de los resultados de esta investigación, al menos en la jurisdicción provincial” por el secuestro del celular de Tomás Rodríguez “por algo que ocurrió hace ocho meses”.
¿Cómo se puede dar vuelta este escenario? “Tenemos un obstáculo muy grande”, explicó Sarquís. “Creemos que la absolución del fiscal Palacios demostró en gran medida que hay un interés, hay un poder que está al fondo, que no se lo puede ver con precisión y está fogoneando algunas cuestiones que no complotan a favor del esclarecimiento de hecho”, acusó.
“Cuando se nos informa, dicen que se está descartando la posibilidad de una muerte natural y por el otro lado se trata de determinar la mecánica del homicidio. Son acciones incongruentes y ocho meses después se mantienen. Esto tiene que cambiar”, se quejó.
“Hay teléfonos secuestrados, se investiga la imputada, a las víctimas y a distintas cuestiones. Hay incongruencia investigativa. No se sabe a ciencia cierta dónde fue ultimado Juan Carlos Rojas, a 8 meses del homicidio. La familia siente que se le está corriendo el arco”.