Elevan a juicio a cuatro médicos más por la causa de las órdenes truchas de OSEP

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El fiscal de la Unidad de Delitos Especiales contra la Administración,   Facundo Barros Jorrat, elevó a juicio a otros cuatro médicos en el marco de la investigación judicial conocida como “las órdenes truchas” de OSEP. Corresponde a la definición que había quedado pendiente sobre estos profesionales, ya que en agosto de 2019 el exfiscal Marcelo Sago había imputado y envió para el debate oral a ocho profesionales.

En esta resolución del fiscal Barros Jorrat están involucrados los médicos Carlos Vega Ramírez, Federico Sandez, Carlos Rafael Tolosa y Fabiana Olivato. La causa está ahora en el Juzgado de Control de Garantías Nº 2, a cargo de Cecilia Mas Saadi, dado que los imputados plantearon su oposición a la medida. La jueza deberá resolver si hace lugar a la oposición de los imputados o confirma el dictamen del fiscal.

Ya en agosto de 2109, Sago había enviado a juicio la causa por las presuntas irregularidades con órdenes de OSEP al Juzgado de Control de Garantías Nº2 con las oposiciones de las defensas de los médicos. El año pasado, la jueza resolvió no hacer lugar a esos planteos y confirmó la elevación a juicio. Igualmente todas las defensas hicieron uso del recurso de apelación y realizaron las presentaciones cumplimentando los pasos estipulados. La defensa de los médicos imputados consideró que Sago no había profundizado la investigación y que fue “parcial” al momento de considerar los testimonios recibidos en la causa. En esta línea sostuvieron que la jueza siguió la misma línea que la Fiscalía. Según trascendió, en diciembre del año pasado ya se había integrado el tribunal para continuar con la causa, pero luego no hubo mayores novedades.

La causa se inició en diciembre de 2013 cuando la Comisión Directiva del Colegio Médico denunció en Fiscalía General la existencia de una gran cantidad de órdenes médicas irregulares o “truchas” que habían sido presentadas por un grupo de médicos para facturarlas a la OSEP.

Meses más tarde fueron imputados catorce médicos por el delito de «fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal, con uso de instrumento privado adulterado». En cada caso en particular se los acusa de haber fraguado o adulterado órdenes de consulta médica de la obra social por atenciones a afiliados de OSEP que no habrían realizado y por las cuales pretendían cobrar.

Los profesionales imputados y enviados a juicio durante la gestión de Sago en la Fiscalía fueron: Juan León Córdoba Bustos, Marcelo Eduardo Ubaid, Javier Alejandro Codigoni, Nelson Walter Silva, Rolando Marcelo González, Bruno Ariel Robledo, Hugo Leonardo Pacheco y Lilian Beatriz Penise.

Mas Saadi, en su resolución, había determinado que el fiscal actual de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, resolviera en un plazo no mayor a 45 días la situación procesal de los médicos Vega Ramírez, Sandez, Tolosa y Olivato. Sus defensas habían planteado recursos por lo que la Fiscalía formó los incidentes correspondientes que corren desglosados de la causa principal, y resolvió la situación de los cuatro imputados mediante el requerimiento de citación a juicio. El trámite fue remitido en el mes de diciembre al Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación con la oposición de los cuatro imputados.

Antecedentes

Del número original de médicos que fueron imputados en primera instancia por los fiscales (14), dos personas fueron desvinculadas: Miriam Argañaraz y Oscar Argentino Tapia. La primera es una mujer muy humilde de Santiago del Estero, a la que le utilizaron la identidad para hacerla pasar por médica recibida en Córdoba. En el caso de Tapia es un joven discapacitado con síndrome de Down, también de Santiago del Estero. Tras la denuncia del Círculo Médico en 2013 siguió una similar que el exinterventor de la OSEP, Julio Cabur, realizó ante la Fiscalía de Estado para que investigue la facturación de noviembre de 2013.

INVESTIGACIÓN

Cuando se imputó a todos los médicos, la Fiscalía determinó que podrían existir cerca de 50 hechos fraudulentos que podrían endilgarse al grupo de profesionales. fuente:elancasti

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