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Media sanción al Consenso Fiscal en Cámara de Diputados

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La Cámara de Diputados dio media sanción al Consenso Fiscal firmado por el Gobierno y la Nación, y ahora el debate pasó al Senado. En la iniciativa, se invitó a los municipios a adherir. El acuerdo se logró en torno a que las alícuotas establecidas por Nación para los tributos en Catamarca son inferiores. La sesión quedó inconclusa cuando el Frente de Todos se retiró en plena argumentación de un proyecto que es de autoría de una sus integrantes.

El Consenso Fiscal se firmó el 21 de diciembre del año pasado y “busca establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado con el objetivo de reducir en forma gradual y sostenida las diferencias que, en materia de desarrollo económico y social, existen entre las distintas regiones del país”. Por Catamarca lo firmó el gobernador Raúl Jalil (FT), junto a sus pares de las demás provincias, el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

La diputada María Argerich explicó que este nuevo Consenso, en sintonía con los que se firman desde 2016, tiene “cuatro ejes”. “Uno en materia tributaria, el endeudamiento responsable, la responsabilidad fiscal y los procesos judiciales”, explicó. “Respecto de las alícuotas, en Catamarca se cumplen con todas las pautas e incluso muchas actividades quedaron muy por debajo de los máximos estipulados, lo que hablas de las políticas para facilitar el crecimiento del empleo privado que se implementan. Este Consenso Fiscal también prevé que el endeudamiento se traduzca en obras, y tiene clausulas para reducir la judicialización entre Provincias y Nación”, remarcó la diputada.

Los diputados de la oposición acompañaron la iniciativa, aunque expresaron algunas inquietudes. Silvana Carrizo (UCR) se refirió al margen entre los topes máximos establecidos en el Consenso y las alícuotas fijadas en la Ley Impositiva actual, y pidió que el gobernador Jalil “manifieste el compromiso de no aumentar alícuotas”, más allá de que estos planteos ya habían hecho en la Comisión de Hacienda.

En la misma sintonía, Alejandro Páez (UCR), pidió también que “este margen no se vaya a transformar luego en impuestos que recaigan sobre la gente, máxime en esta situación crítica”. “No estamos prejuzgando algo que pueda hacer el Gobierno, pero creo que nos queda el compromiso como cuerpo legislativo de ser responsables cuando llegue algún expediente del Ejecutivo para revisar estas cuestiones”, agregó.

Por su parte, Hugo Ávila (FAC) sostuvo que este Consenso Fiscal es una “imposición del Gobierno nacional”, mencionó que implica resignar autonomía provincial, y que “nos lleva a mantener la carga impositiva”. “Ya se aprobó uno en 2017, otro en 2018, otro en 2019 y otro en 2020, y ahora esto que también es parte del convenio con el FMI. El sistema impositivo en argentina sigue siendo absolutamente regresivo, en contra de los intereses de las provincias. Siempre los recursos se sacan de algún lado para poner en el AMBA”, criticó.

Por último, Augusto Barros (FT) remarcó que las alícuotas fijadas implican “un tope y no una obligatoriedad”, mientras que Argerich insistió en que la rúbrica del Consenso “no implica perder autonomía, sino contar con reglas claras”.

Sin quórum para el cierre

Sobre el final de la sesión, la diputada Mónica Zalazar (FT) era la encargada de informar sobre un proyecto de su autoría que busca regular el procedimiento de Audiencias Públicas en la Provincia. En el inicio de su argumentación, los pares de su propio bloque se retiraron del recinto y dejaron a la Cámara sin quórum, por lo que la sesión debió levantarse. En ese contexto, Zalazar pidió que el proyecto regrese a la comisión para ser tratado más adelante.

Esta actitud fue el eje de las críticas de la oposición. “El oficialismo dejó sin quórum la sesión en el momento de tratar los procedimientos de audiencia pública de decisiones del Gobierno provincial en materia de obras y tarifas de servicios, que incluía la participación ciudadana. Proyecto de ley de autoría de una diputada de su bloque, que contaba con despacho favorable. Una violencia institucional más a la que recurre el Frente de Todos para conservar a los intereses del régimen gobernante y corporaciones amigas”, reclamaron los diputados radicales, en un comunicado que compartieron en redes el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Lobo Vergara; la diputada y vicepresidenta de la UCR, Natalia Herrera, entre otros.

“Exigimos que el oficialismo bregue por los intereses de la gente y legisle para dar respuestas a las demandas y licencia social en las acciones del Estado. Estos atropellos degradan a las instituciones y la credibilidad en la política como herramienta de transformación social”, insistió.

Por su parte, el diputado Tiago Puente (UCR), señaló que “ya no nos sorprende cómo esquivan los debates cuando se trata de mecanismos para la transparencia estatal, pero es descarado el desconocimiento del reglamento interno de la Cámara”. “¿Hasta cuándo vamos a tener que tolerar estas conductas?”, se preguntó. “Esto no contribuye a mejorar el funcionamiento de las instituciones”, agregó José ‘Chichi’ Sosa (UCR).