El jury de enjuiciamiento contra tres fiscales que intervinieron en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido hace casi dos décadas en Río Cuarto, Córdoba, vivió este miércoles un capítulo clave.
A las 9:20, la fiscal general adjunta Betina Croppi inició su alegato acusatorio contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de mala praxis y negligencia grave en la pesquisa del asesinato. Tras casi dos horas, Croppi solicitó la destitución inmediata de los tres fiscales, argumentando que su negligencia causó un daño serio a la resolución del caso, que permanece impune desde hace 19 años.
Luego de varias jornadas de testimonios, incluyendo los de la familia Macarrón y funcionarios judiciales, el tribunal presidido por la legisladora Julieta Rinaldi escuchó las conclusiones de la fiscal y de los defensores de los acusados.
“Es la primera vez en la provincia que se lleva adelante un jury contra tres funcionarios del Poder Judicial”, afirmó Croppi al inicio de su exposición. Además, aseguró que las circunstancias del caso han sido demostradas y anticipó su propuesta de destitución.
La fiscal centró su acusación en la revictimización de Nora Dalmasso, señalando la ausencia de perspectiva de género en el proceso, lo que vulneró su derecho a la intimidad, especialmente por la difusión de rumores originados desde la misma fiscalía a cargo.
Croppi explicó que desde el inicio hubo errores en el relevamiento de pruebas y se ignoraron elementos cruciales, como las sospechas graves contra el parquetista Roberto Bárzola, cuyo ADN fue hallado en la bata de la víctima.
La mayor parte del alegato se enfocó en el primer fiscal del caso, Javier Di Santo, a quien se le criticó haber calificado como “desviación moral” la orientación sexual de Facundo Macarrón, imputado durante cinco años por el asesinato de su madre.
La fiscal general adjunta sostuvo que no se trató de “errores aislados”, sino de una actitud de desidia y una cadena de irregularidades inexplicables durante 12 años. Esta negligencia causó un daño institucional irreparable, lo que fundamentó su pedido de destitución.
Croppi subrayó que los tres fiscales “no están preparados para la función que la ley les exige: custodiar el interés social y la correcta prestación del servicio de justicia”. Además, acusó a los investigadores de apartarse de la perspectiva de género y de condenar moralmente a la víctima. “El rumor sobre los amantes de Nora nació en el quincho de la casa el mismo día del hallazgo, impulsado desde la propia fiscalía”, afirmó.
La fiscal denunció que se investigó más a la víctima y su entorno familiar que a otros posibles involucrados, obviando las pruebas contra Bárzola. Recalcó que el principal sospechoso “estaba ante sus ojos” y fue sistemáticamente descartado.
Croppi reveló que Bárzola mintió en tres ocasiones sobre su ubicación: afirmó haber ido a la casa de los Macarrón por lluvia, pero los registros del country San Esteban desmintieron su presencia allí. Además, sostuvo que se ubicó voluntariamente en la casa de Nora a la hora del crimen, alegando buscar a su jefe, a pesar de que para llegar debía pasar por la casa de ese mismo jefe.
La fiscal destacó que se grabaron 21 casetes de las llamadas entre Bárzola y su concubina que nunca fueron escuchados ni transcritos, y que el fiscal Di Santo ignoró esta pista para centrarse en la familia.
En otro tramo, Croppi señaló que Di Santo desvió la investigación hacia la familia tras el “perejilazo”, la movilización popular generada por la detención del albañil Gastón Zárate. Se imputó a Facundo Macarrón basado en un mapeo genético que también incluía a su suegro, pero lo eligieron por prejuicios hacia su homosexualidad.
“Se le arruinó la juventud durante cinco años con una acusación pública basada en sospechas leves. Se interrogó a sus amigos sobre su orientación sexual, algo irrelevante para los hechos”, denunció.
La fiscal recordó que ni Di Santo, Miralles ni Pizarro advirtieron que informes del FBI y de la perito Nidia Modesti indicaban la presencia de un ADN desconocido masculino en siete partes del cinto homicida. “La doctora Modesti afirmó que ese perfil indicaba autoría. El FBI pidió investigar al obrero y la Fiscalía no hizo nada”, indicó.
En cuanto a Miralles, Croppi criticó que enfocó la hipótesis en que el viudo Marcelo Macarrón habría viajado de incógnito desde Punta del Este para asesinar a su esposa tras una relación consentida, ignorando que el ADN podría deberse a la convivencia.
Por último, aseguró que Pizarro construyó la figura de “homicidio por encargo” sin pruebas, planteando un complot económico sin identificar ni sicario, ni pago, ni promesa. “Pizarro afirmó que no investigó al sicario porque esperaba el juicio. Elevó la causa sin el mínimo peso necesario, llevando al Poder Judicial al fracaso anunciado”, sentenció.
En resumen, Croppi afirmó que los fiscales eludieron la hipótesis evidente para centrarse en perseguir a la familia y concluyó: “¿Quieren hoy los fiscales que se descubra al asesino de Nora Dalmasso? Me permito dudarlo”, antes de solicitar la destitución inmediata.
Por su parte, los defensores de los fiscales rechazaron las acusaciones y pidieron la absolución. Luciana Caminal